ÓXIDO NITROSO EN LAS CALLES: EL VACÍO LEGAL QUE COMPLICA LA ACTUACIÓN POLICIAL

Publicado por MASQUEPOLICIASPAIN

El consumo recreativo de óxido nitroso crece en zonas de ocio, festivales y fiestas mayores mientras su condición de producto legal dificulta la respuesta policial.

Bombonas metálicas abandonadas en parques, playas y zonas de ocio nocturno. Globos vendidos por pocos euros. Jóvenes inhalando un gas cuyos efectos aparecen casi inmediatamente y desaparecen en pocos minutos.

El óxido nitroso (N₂O), conocido popularmente como gas de la risa, está dejando de ser una imagen excepcional para convertirse en un fenómeno cada vez más presente en nuestras calles.

El problema para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es especialmente complejo, el producto es legal, tiene importantes aplicaciones médicas, alimentarias e industriales y su mera posesión no equivale automáticamente a la tenencia de una droga ilegal.

Sin embargo, su comercialización para inhalación recreativa puede generar un importante riesgo sanitario y, bajo determinadas circunstancias, dar lugar a diligencias por un delito contra la salud pública. La respuesta jurídica dependerá de la conducta concreta, la normativa aplicable y las pruebas disponibles.

Del Sónar a las fiestas mayores: un fenómeno cada vez más visible

A principios de julio de 2026, los Mossos d’Esquadra detuvieron a tres ciudadanos neerlandeses que, según la investigación policial, se habían desplazado expresamente hasta Catalunya para comercializar óxido nitroso durante el festival Sónar. La operación terminó con la intervención de 107 bombonas de N₂O, aproximadamente 25.000 globos y 4.000 euros en efectivo. Los tres investigados fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública.

Durante 2025 los servicios municipales de Mataró retiraron alrededor de 2.100 recipientes de óxido nitroso del espacio público, una tendencia que llevó al Ayuntamiento a iniciar la revisión de su ordenanza de civismo para incorporar expresamente esta conducta.

El problema ya no puede analizarse únicamente como una moda asociada al ocio nocturno. También plantea cuestiones de salud pública, convivencia, seguridad ciudadana y actuación policial.

¿Qué es jurídicamente el óxido nitroso?

El N₂O es un gas con propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas. Tiene aplicaciones sanitarias y odontológicas, pero también se utiliza en la industria y en alimentación, por ejemplo como propelente.

La revista oficial de la Policía Nacional abordó específicamente el problema en marzo de 2025 y señaló que el óxido nitroso no está catalogado en España como una droga cuya mera tenencia comporte automáticamente una sanción administrativa, salvo que exista normativa específica que permita actuar.

Por ello, encontrar una bombona de N₂O no permite tratar automáticamente a su poseedor como si se hubiera localizado cocaína, MDMA, cannabis u otra sustancia fiscalizada.

¿Puede denunciarse por la LO 4/2015 Ley de Seguridad Ciudadana?

El artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, tipifica como infracción grave el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares públicos.

El óxido nitroso no encaja automáticamente en ese régimen. Aplicar el precepto sin más podría plantear problemas desde el principio de legalidad y tipicidad sancionadora: no basta con que una conducta sea peligrosa o socialmente reprochable; debe existir una norma previa que la describa como infracción. Por eso, la mera posesión o inhalación de N₂O no debería reconducirse automáticamente a una denuncia por tenencia o consumo de drogas de la LO 4/2015.

Los ayuntamientos han encontrado una vía: sancionar la conducta

Ante esta falta de una respuesta estatal específica, algunos municipios han actuado mediante sus ordenanzas de civismo y convivencia. La cobertura general se encuentra, entre otros preceptos, en el artículo 139 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que permite a las entidades locales tipificar infracciones y establecer sanciones para ordenar las relaciones de convivencia y el uso de los espacios públicos cuando no exista normativa sectorial específica suficiente.

El ayuntamiento no necesita declarar que el óxido nitroso es una droga ilegal. Puede prohibir determinadas conductas relacionadas con el producto en el espacio público, como consumirlo, venderlo, promocionarlo o facilitar su acceso.

Lloret de Mar

Lloret de Mar ha incorporado a su ordenanza una prohibición expresa de la venta, promoción, publicidad, facilitación del acceso y consumo de óxido nitroso en calles y espacios públicos.

Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols también ha introducido expresamente el N₂O en su normativa. Su ordenanza prohíbe en la vía pública el consumo o la tenencia para consumo de óxido nitroso, tanto en estado gaseoso como líquido, e impone obligaciones a titulares de establecimientos y organizadores de actos públicos.

Mataró

Mataró está modificando su ordenanza de civismo para regular expresamente el consumo de N₂O. La previsión municipal es que la reforma pueda aprobarse y entrar en vigor antes de finalizar 2026. Mientras tanto, las intervenciones policiales se han basado principalmente en criterios preventivos, normas aplicables a otras conductas y, cuando existen indicios suficientes de comercialización recreativa, en la investigación penal.

Barcelona

Barcelona conoce el fenómeno desde hace muchos años. La Guardia Urbana ha promovido aproximadamente una docena de procedimientos penales relacionados con la venta de globos de la risa, vinculados a venta ambulante o a hechos investigados como posibles delitos contra la salud pública.

Catalunya no dispone, a 25 de agosto de 2026, de una regulación autonómica específica del óxido nitroso equivalente a la aprobada en Baleares.

Illes Balears cambia las reglas

El Govern aprobó el Decreto-ley 2/2026, de 7 de agosto, por el que se establecen medidas en materia de protección de la salud pública, publicado en el BOIB número 100 de 11 de agosto. La norma entró en vigor el 12 de agosto de 2026.

El decreto-ley modifica la Ley 4/2005 sobre drogodependencias y otras adicciones de Illes Balears y considera también como droga, a los efectos exclusivos de esa legislación autonómica, los productos de comercio lícito utilizados con finalidades distintas de las autorizadas para producir efectos propios del consumo de drogas.

La norma menciona expresamente los productos inhalables, las colas y el óxido nitroso. Baleares no ha convertido el N₂O en una droga ilegal a efectos del Código Penal ni ha prohibido sus usos médicos, odontológicos, alimentarios, industriales o profesionales. Ha establecido un régimen administrativo específico para su comercialización y utilización recreativas.

El nuevo artículo 27 prohíbe en todo el territorio balear la venta minorista, dispensación y publicidad del óxido nitroso cuando su finalidad sea el consumo mediante inhalación.

También prohíbe vender, dispensar o entregar N₂O a menores de 18 años, con una excepción para mayores de 16 que acrediten un uso profesional. Las infracciones graves pueden sancionarse con multas de 6.001 a 60.000 euros, mientras que las muy graves pueden alcanzar el millón de euros.

Estas cuantías no se aplican automáticamente a cualquier tenencia o venta: deben valorarse la conducta, el precepto infringido, su gravedad y las circunstancias del caso.

Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, lleva años regulando el fenómeno mediante su ordenanza municipal.

Su normativa prohíbe en vías y espacios públicos la venta, promoción, publicidad, facilitación del acceso y consumo de óxido nitroso, así como la venta ambulante.

Las infracciones graves pueden alcanzar los 1.500 euros, y la venta o facilitación a menores puede calificarse como muy grave, con multas de hasta 3.000 euros.

¿Está definitivamente aprobada la norma balear?

El Decreto-ley 2/2026 está vigente desde el 12 de agosto de 2026, pero debe ser convalidado por el Parlament dentro del plazo improrrogable de treinta días desde su promulgación, conforme al artículo 49 del Estatuto de Autonomía de Illes Balears. A fecha de 25 de agosto de 2026, no consta en las fuentes oficiales consultadas la publicación de su convalidación parlamentaria. La regulación es, por tanto, aplicable, aunque permanece pendiente de superar ese control parlamentario.

¿Y la vía penal?

La comercialización legal del N₂O para determinados usos no excluye que su distribución recreativa pueda tener relevancia penal. Uno de los principales instrumentos utilizados hasta ahora es el artículo 359 del Código Penal, que castiga a quien, sin autorización, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o los despache, suministre o comercie con ellos. La pena prevista es de seis meses a tres años de prisión, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión o industria.

La Fiscalía de Illes Balears refleja que durante 2024 únicamente en Ibiza se incoaron 216 diligencias previas y 58 diligencias urgentes relacionadas con la venta callejera de óxido nitroso, presentándose 50 escritos de acusación por delito contra la salud pública del artículo 359.

La jurisprudencia tampoco está completamente cerrada. La Audiencia Provincial de Málaga, Sección Séptima con sede en Melilla, dictó en octubre de 2025 una resolución sobre la venta de grandes cantidades de cápsulas de N₂O destinadas al consumo humano mediante inhalación.

Los hechos acreditaban adquisiciones masivas, venta en locales de ocio, entrega de globos y un contexto orientado al consumo recreativo. La Audiencia confirmó la respuesta penal aplicada y señaló que la calificación jurídica podría situarse incluso en el artículo 368 del Código Penal, aunque otras resoluciones y el Ministerio Fiscal han acudido al artículo 359. Por tanto, no es correcto afirmar que “vender gas de la risa es siempre tráfico de drogas”, pero tampoco que la venta recreativa sea necesariamente impune. La calificación dependerá de la operación concreta, la autorización, la forma de comercialización, el riesgo sanitario y la prueba disponible.

La clave de la intervención policial: acreditar objetivamente la conducta infractora.

Encontrar óxido nitroso no es suficiente. En una actuación frente a una posible distribución recreativa adquieren especial relevancia la cantidad y capacidad de las bombonas, la existencia de globos, dispensadores o boquillas, las entregas presenciadas por los agentes, el precio de venta, el dinero fraccionado, las manifestaciones de compradores, las comunicaciones comerciales, el lugar y horario de la intervención y la vinculación con zonas de ocio.

Una bombona en el almacén de un restaurante puede tener una explicación legal. Veinte bombonas dentro de un vehículo estacionado junto a una discoteca, acompañadas de cientos de globos, dinero fraccionado y ventas observadas por los agentes, constituyen un escenario diferente.

El atestado debe describir los hechos y preservar las pruebas que permitan determinar la finalidad y la naturaleza de la actividad. Cuando los hechos puedan constituir delito, la Administración debe trasladarlos al órgano judicial o al Ministerio Fiscal y suspender la vía sancionadora mientras se resuelve la cuestión penal, conforme al principio non bis in idem. En otros casos, la conducta podrá quedar en el ámbito de una ordenanza municipal o de la normativa autonómica aplicable.

¿Debería Catalunya seguir el modelo balear?

Desde una perspectiva policial, preventiva y de seguridad jurídica, resulta razonable estudiar la aprobación de una regulación autonómica homogénea para toda Catalunya. El objetivo no debería ser establecer una prohibición general del óxido nitroso, una medida difícilmente justificable por sus numerosos usos legítimos en los ámbitos sanitario, alimentario, industrial y técnico, sino controlar de forma específica su comercialización y suministro cuando existan indicios de que está destinado al consumo recreativo.

La ausencia de un marco común genera actualmente una respuesta desigual. Mientras algunos municipios recurren a sus ordenanzas de civismo, convivencia o salubridad pública, otros carecen de instrumentos suficientemente precisos para intervenir. Esta fragmentación provoca que una misma conducta pueda recibir un tratamiento administrativo distinto en función del término municipal donde se produzca, debilitando la seguridad jurídica y dificultando la actuación coordinada de las policías locales y de los Mossos d’Esquadra.

Una regulación autonómica permitiría establecer criterios claros sobre la venta, distribución, publicidad, almacenamiento y suministro del N₂O con fines recreativos. Entre otras medidas, podría contemplar la prohibición de venta y entrega a menores de edad; la limitación de su comercialización en establecimientos de ocio nocturno, espacios públicos y eventos multitudinarios, la obligación de identificar al comprador en determinadas operaciones, el control de ventas masivas o injustificadas, la trazabilidad de distribuidores y establecimientos y la restricción de prácticas comerciales que presenten el producto como una sustancia inocua o destinada directamente a la inhalación.

Asimismo, debería incorporar un régimen administrativo sancionador propio, basado en los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y responsabilidad. Las conductas prohibidas tendrían que quedar descritas con precisión, diferenciando entre infracciones leves, graves y muy graves y determinando las correspondientes sanciones, medidas cautelares y posibles consecuencias accesorias para los establecimientos reincidentes.

Desde el punto de vista operativo, la regulación tendría que proporcionar a los cuerpos policiales un protocolo común de actuación. Este marco debería concretar cuándo procede la identificación de vendedores o compradores, la inspección de establecimientos, el levantamiento de actas, la intervención cautelar del producto y su puesta a disposición de la autoridad administrativa competente. También resultaría necesario establecer criterios probatorios objetivos para acreditar la finalidad recreativa, atendiendo, entre otros elementos, al lugar de la venta, la cantidad distribuida, el formato del recipiente, la presencia de globos o dispensadores, la publicidad empleada y las manifestaciones de las personas implicadas.

La mera posesión de una bombona no debería presumirse ilícita sin otros indicios que permitan relacionarla con una conducta expresamente prohibida.

Una eventual modificación de la Ley catalana 20/1985, de prevención y asistencia en materia de sustancias que pueden generar dependencia, podría servir para cubrir este espacio normativo. Catalunya no tiene competencia para crear nuevos delitos, modificar el Código Penal ni incluir unilateralmente el óxido nitroso en el catálogo estatal de sustancias estupefacientes o psicotrópicas fiscalizadas. Sin embargo, sí puede actuar, dentro de su ámbito competencial, en materias como la salud pública, el consumo, la protección de menores, la regulación de establecimientos y actividades recreativas, la prevención de riesgos y la potestad sancionadora administrativa.

Por tanto, no se trataría de criminalizar indiscriminadamente un producto legal, sino de regular determinadas formas de comercialización y suministro que generan riesgos para la salud, afectan a la convivencia y dificultan la intervención policial. Una normativa clara, proporcionada y aplicable en toda Catalunya permitiría proteger especialmente a los menores, reducir la venta recreativa descontrolada y ofrecer a los agentes una cobertura jurídica común, evitando que la respuesta dependa exclusivamente de ordenanzas municipales fragmentadas o de interpretaciones jurídicas dispares.